Abusando del “abuso de las prisiones preventivas”

“Se recomienda a los Estados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19”; esta es una de las principales recomendaciones que contiene la reciente Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas publicada por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, lo curioso de esta Resolución, es que figura citada como uno de los argumentos que utilizó el Poder Judicial en la reciente decisión de revocar la prisión preventiva dictada contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi y en consecuencia ordenar su inmediata excarcelación.

Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha emitido varios documentos (v.g. El Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas – 2013) resaltando, entre otras cosas, que en América Latina el promedio de personas en prisión preventiva es de 36.3% del total de la población penitenciaria, pero en algunos países este índice supera el 60%. En el caso del Perú, en el 2013 se tenían 36,670 personas en prisión preventiva, habiéndose incrementando en el 2015 a un total de 39,439 y para diciembre de 2019 la cifra se ubicó en 34,879 lo que representa el 36,50% de la población penitenciaria, es decir el Perú se ubica dentro de porcentaje, calificado por el Organismo Internacional (36.3%), como un indicador que genera preocupación a luz de la vigencia de los derechos humanos.

En importante precisar que la preocupación del Sistema Interamericano por el uso desproporcionado de las prisiones preventivas en la región, no se reduce a un análisis puramente estadístico (porcentajes de presos preventivos por país), la razón de observar estas altas cifras se debe a la desproporción que existe entre la restricción provisional de la libertad de las personas y la naturaleza de los  delitos por los que se les investigan; así por ejemplo, para diciembre del 2019 se registraban 1, 067 presos preventivos por el delito de omisión a la asistencia familiar (por no cumplir con la pensión de alimentos), 281 presos preventivos por el delito de lesiones (por afectar la integridad de otro) y 2, 797 presos preventivos por el delito de hurto (afectación al patrimonio ajeno).

En otra palabras, no fueron las prisiones preventivas que se dictaron en los casos “emblamáticos” o  en casos de crimiladiad organizada, corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimenes violentos y pluriofensivos, los que despertaron la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un posible “abuso” de esta medida de restricción de la libertad; Sin embargo, en tiempos de COVID estas recomedaciones retorna rápidamente a nuestro país para ser aplicadas – en primer orden  – favoreciendo a los investigados en delitos que han perjudicado gravemente los intereses de la nación.

Suscribo, como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que existe en la región un abuso de las prisiones preventivas, pero suscribo también, que estamos siendo testigo que un sector de nuestros jueces vienen aprovechando y “abusando” de informes, resoluciones y documentos que se han emitido en razón a otra problemática, para favorecer a los que son atendidos “privilegiadamente” por la Administración de Justicia; mientras la realidad del verdadero “abuso de las prisiones preventivas” sigue intacta,  con presos preventivos  que no tienen ni tendrñán la oportunidad de ser escuchados por un juez que “se acuerde y aplique”  las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡No hay peor injusticia, que la justicia selectiva!

F. Paolo Aldea Q.

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