RETOS DE LA JUSTICIA POST PADEMIA

Por F. Paolo Aldea Q.

No cabe duda que el ataque de la nueva enfermedad Covid19, ha desestabilizado la forma de vida de cada persona en el mundo, sin distinción de raza, sexo, sistema económico o sistema jurídico.
Esta inesperada situación, que todos los países han demostrado no prever, ha generado la instauración de protocolos de actuación y diversas medidas para el funcionamiento de todos los sectores económicos y de servicios tanto públicos como privados, para evitar la paralización social y económica; este es un factor común de todos los países, incluso de los países potencia y de los que no lo son. Consideramos que la única divergencia entre los países, en la adopción de las medidas y protocolos, radica en la vigencia de las mismas, transitorias y permanentes.


Sabemos que una de las primeras medidas adoptadas por los gobiernos del mundo, fue el confinamiento, al margen de sus fines, dimensiones y obligatoriedad. Sin embargo, como todo proceso, tiene un ciclo de vida que concluye suscitando otro; en el Perú la medida para frenar los contagios masivos (confinamiento) esta próxima a su fin, aun cuando se realice de forma progresiva.


En tanto, ahora que nos acercamos al final de la cuarentena, surge otra preocupación, respecto a la atención de los servicios públicos y la no superada brecha tecnológica que existe en el país, y es que, somos conscientes de la necesidad de aplicar la tecnología para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público -esto no requería la motivación del COVID19, pero la realidad heterogénea no parece tener un punto en común que legitime una política homogénea.

Las medidas adoptadas por el gobierno, con las que incorporan tecnología al acceso a los servicios públicos, no solventan la problemática que generan las propias medidas, debido a que las decisiones a un nivel macro siempre dejan vacíos. Verbigracia, en el sector educación, hemos sido testigos que ahora, dada la coyuntura, para que los educandos puedan obtener educación de calidad y personalizada, deben contar con una laptop, Tablet o PC; luego, contar con una conexión a internet con la suficiente velocidad para poder solventar sus clases virtuales. Claramente esto muestra una marcada desventaja para los estudiantes que por la lejanía de sus residencias – mayormente en la sierra y selva peruana – o por su nivel socioeconómico, no pueden acceder a estas exigencias y consiguientemente ejercer su derecho a la educación de calidad. Si bien, el gobierno en una medida desesperada, autorizó el dictado de clases por señal de TV y radio, estas cumplen fines formales mas no satisfacen la misión de corroborar que el proceso competencia, capacidad, campo temático y producto sean logrados por el estudiante.

Lo propio y no muy diferente, sucede en el sector justicia, no es necesaria una contrastación empírica para saber que afrontaremos serios problemas, si no es que ya los tiene. En efecto, el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás entidades del sector justicia están procurando, algunos ya elaboraron, protocolos de actuación ante la obligatoria “nueva normalidad”. Estos protocolos incluyen incorporación de tecnología, tales como: firmas digitales, audiencias virtuales, etc. Mecanismos ante los cuales los actores (abogados, litigantes, funcionarios y servidores públicos) no están aún “familiarizados”, lo que consideramos es un problema menor, pues el mayor problema radica en que, esta forma de administrar justicia no llegará a los lugares más alejados de nuestro Perú, donde no existe conexión a internet o no se cuentan con los instrumentos necesarios para su funcionamiento.

Poca atención se ha prestado a nuestro sistema de justicia, incluso ahora, postergándolo a un segundo plano, pese a que, la base de la democracia de la que tanto se precia en el mundo occidental se asienta en el acceso a la justicia no solo formalmente sino realmente. La pandemia actual ha desnudado cuán precaria es nuestra garantía a la “Tutela Jurisdiccional Efectiva”; si antes de la pandemia por el COVID 19 el acceso a la justicia para un ciudadano común era difícil, hoy será una labor titánica.

En innegable que la pandemia por el COVID19 es un padecimiento con el que tenemos que aprender a convivir por un largo periodo, no se resolverá con ampliaciones de confinamiento, así lo han entendido muchos países del mundo, por ejemplo, la Corte Suprema de Wisconsin en los Estados Unidos, que ha fallado en contra de la extensión del estado de emergencia, o como en el gobierno Español donde el presidente Sánchez debe pedir a sus comunidades autónomas permiso para la ampliación de su estado de alarma. Urgen medidas efectivas, que empiecen a crear cimientos, aun en estado de emergencia, que provengan no solo del gobierno sino reaccionarias de parte de todos los actores del sistema de justicia, tendientes a lograr la tan anhelada Tutela Jurisdiccional Efectiva para todo justiciable, sin distinción, y cesar con el concepto de que los derechos son mera retórica.

Lee el artículo completo aqui https://diariouno.pe/columna/retos-de-la-justicia-post-pademia/

Add Comment